También hay que hacer políticas para los mayores

El 10% del dinero de la Seguridad Social vuelve a las arcas del Estado en forma de impuestos. En el año 2019 la aportación de los pensionistas la Hacienda Pública fue de 13.400 millones de euros. Pero no se queda ahí su contribución al mantenimiento del estado de bienestar, porque a esa cifra hay que añadir otros impuestos generales como el IVA, las tasas municipales u otras que se liquidan en diferentes actos jurídicos. A este respecto la vida de las personas “retiradas” en nada difiere de la de las “activas”.

Por lo tanto, aunque hay muchas pensiones que por su cuantía no están sujetas a retención alguna, a la gran mayoría de ellas sí se las aplican, e independientemente de que tengan o no obligación de hacer la declaración de la renta, ese dinero va a la hacienda. De forma que los jubilados contribuyen a crear riqueza con su consumo y sus impuestos ya que una pensión tiene la consideración de un rendimiento del trabajo. Más claro: la pensión es un salario.

Estas primeras reflexiones son necesarias porque hay sectores de población y propagadores de opinión que parecen querer convencernos de que el Sistema Público de Pensiones es poco menos que una plaga bíblica que perjudica seriamente la salud de la sociedad poniendo en riesgo los privilegios de ellos mismos y de las nuevas generaciones. Voces a las que, de hacerles caso, llegaríamos a pensar que el dinero que recibe cada pensionista se mete en un pozo oscuro donde se pudre y desaparece para siempre.

Estos propagadores de “verdades” truculentas olvidan, a su vez, que las aceras que pisan, las carreteras por las que se desplazan, las escuelas a las que van sus hijas, los hospitales en donde se les atiende, los teatros a los que acuden, las ciudades que habitan, hasta las casas que moran en muchos casos, están ahí gracias al sacrificio y al trabajo de los que estuvieron antes que ellas y ellos.  De esos pensionistas que con sus salarios sostuvieron a tantas familias en la crisis que comenzó en 2008. De esas ancianas y ancianos que fueron las primeras víctimas de la pandemia por la mala gestión privada de las residencias y la falta histórica de voluntad política para mejorarlas y hacerlas de gestión pública.

Esta sociedad de las urgencias procura olvidar el pasado a la velocidad del rayo (hasta el pasado de ayer por la mañana). La sociedad de la obsolescencia programada tiende con demasiada ligereza a depositar en los “puntos limpios” (que ironía) todo aquello que considera anticuado aunque funcione perfectamente o sea un venerable recuerdo de familia que ahora molesta en la repisa atestada de consolas. El capitalismo salvaje impone la ley de la selva y, a menudo, parece que los viejos molestan o no importan… o ya no cuentan. Y la vida se organiza y se proyecta como si ellos no estuvieran o fueran una pieza caduca y desechable de la maquinaria.

Es entonces cuando ese sector, que poco a poco se convierte en mayoría social, se queda fuera de las políticas concretas y se le incluye en planes “transversales” que afectan a todos los ministerios o todas las consejerías o todas las concejalías y todos dicen tener algo que ver en el bienestar de los mayores y ninguno se siente con la obligación de tratar con la concreción que se merece un segmento de población que requiere políticas específicas, acciones inmediatas, previsiones a largo plazo e inversiones en bienestar para ahorrar en remedios al malestar y la enfermedad.

La Plataforma de Pensionistas de Villena, con la finalidad de aportar ideas para este debate, ha tenido una entrevista con la Concejala de Bienestar Social de la ciudad para pedirle que se realice un estudio de las condiciones de vida de las personas mayores de 65 años. Un estudio que incluya salud, renta, situación familiar, habitabilidad, barreras arquitectónicas, eficiencia energética de hogares y edificios, previsión de situaciones de soledad y necesidad de residencias a corto medio y largo plazo; etc. Un estudio que detecte los problemas para poder analizarlos e implementar soluciones en el que pudiera participar un “Consejo de Mayores” que aconsejara e hiciera el seguimiento de los planes.

En la entrevista expusimos también nuestra inquietud por las dificultades de relación de amplios sectores de la sociedad con las administraciones por culpa de la implantación de las “Sedes Electrónicas” y la obligatoriedad de gestionar cualquier asunto a través de ellas. Sugerimos que se hace necesaria una “Ventanilla del Mayor” (y del ciudadano analógico en general) para atender a todas las personas que no tengan conocimientos de informática ni ordenador. Se trataría de crear una especie de caja fuerte de certificados digitales que se abriría para utilizar, cuando se necesitasen, con las contraseñas que estarían en poder del usuario, (esta o cualquier otra fórmula que permita la ley pero siempre con atención personalizada).

Hablamos, así mismo, de la necesidad de asesoramiento proactivo del consistorio para hacer llegar información a ciudadanos y comunidades de vecinos sobre pasos a seguir para realizar obras de eliminación de barreras arquitectónicas y rehabilitación de edificios, permisos, ayudas y subvenciones, tramitaciones, catálogo de empresas especializadas, etc. Esta información se daría en campañas generalistas y a petición de parte en caso de ser demandada. Para terminar y dado que existe un proyecto restauración de fuentes públicas, sugerimos que, estando en una ciudad eminentemente comercial, sería conveniente contar con un número adecuado de aseos públicos en lugares de gran afluencia.

La Plataforma de Pensionistas de Villena está haciendo concentraciones para apoyar una manifestación que tendrá lugar en Madrid el día 13 de noviembre para pedir el Blindaje de las Pensiones en la Constitución para que ningún gobierno presente ni futuro pueda recortarlas ni ponerlas en manos privadas y todos tengamos una vejez tranquila cuando lleguemos a ella. Os esperamos en la plaza de María Auxiliadora este lunes a las 19:00

PLATAFORMA DE PENSIONISTAS DE VILLENA.