El PP de Villena recurre el acuerdo por el que el Ayuntamiento asumió la gestión directa de la limpieza viaria

El Partido Popular de Villena ha recurrido el acuerdo adoptado el pasado 28 de septiembre por el equipo de gobierno de Los Verdes, y con el voto en contra de los grupos de la oposición -PP y PSOE- por el que el Ayuntamiento asume la gestión directa del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y la limpieza viaria, «por considerarlo contrario a derecho y perjudicial para los intereses de la ciudad».

La concejala popular, Ana Más, explicó que su grupo busca dar cumplimiento a la sentencia del 2016 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que ordena  la retroacción del procedimiento de contratación a fin de que el Ayuntamiento de Villena celebre una nueva licitación. Así disponía de seis meses para resolver el contrato y convocar y adjudicar un nuevo concurso cuya fecha tope venía a señalar el 31 de mayo de 2017. «El equipo de gobierno de Los Verdes ha hecho dejación de funciones, sobrepasando el plazo dado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para ejecutar la sentencia y por tanto existe lesividad  a futuras empresas dispuestas a presentar ofertas para la prestación del servicio».

Por otro lado, la concejala popular recordó que la concesionaria del servicio remitió una carta al Ayuntamiento informando que el 1 de junio de 2017 dejaría de prestar sus servicios. «Ante la falta de estudios e informes que permitan resolver el contrato y la gestión directa del servicio, se llega a un acuerdo verbal con la empresa contratista para que siga prestando el servicio hasta el 30 de septiembre de 2017 sin que exista modo alguno de probar la existencia de tal prórroga del servicio y no habiendo dando cuenta al órgano de contratación de tal hecho».

El equipo de gobierno de Los Verdes tiene de plazo treinta días para resolver las cinco alegaciones- también han presentado alegaciones sobre los recursos humanos y la absorción de la maquinaria, entre otras-  y si no se admiten a trámite el Partido Popular interpondrá un contencioso administrativo, es decir irá a los juzgados.