Los Verdes apuntan a que la política urbanística del PP roza la ilegalidad

Los Verdes han señalado que la política urbanística del equipo de gobierno del Partido Popular, encabezada por la alcaldesa a través de su asesor personal y de las dos concejalías de Urbanismo, el residencial y el industrial,  “roza la ilegalidad y produce agravios comparativos basados en favoritismos”, apunta la edil de esta formación Catalina Hernández.

Añade que son muchos los ejemplos, como es el caso de los promotores del edificio Carmelitas y el convenio que firmaron con el Ayuntamiento, que ahora la empresa solicita su anulación, “argumentando con pruebas las presiones que sufrieron que le llevaron a firmarlos”. Los Verdes han pedido por escrito a la alcaldesa que este asunto sea tratado en el Pleno de febrero.

No obstante, insisten que no es el caso de los promotores de la vaquería industrial de Sierra Salinas, “a quienes el equipo de gobierno ha concedido la licencia de obras sin esperar a que se emitiera la declaración de impacto ambiental, con informe técnico desfavorable y sin firmar ningún tipo de contraprestaciones con el Ayuntamiento”, comenta Hernández.

En el lado contrario estaría el centro de Primates, también en Sierra Salinas, cuyas obras fueron paralizadas por el equipo de gobierno del Partido Popular durante 14 meses hasta la firma de un convenio de contraprestaciones.

A Los Verdes les resulta curioso que a una empresa de huerto solar se le permite subdividirse en 33 diferentes con el mismo nombre y distinto NIF, para “ganar tiempo y evitar la declaración de impacto ambiental y conceden las 33 licencias de obras con el informe desfavorable del arquitecto y también sin firmar el convenio”. Sin embargo, señalan que a otra empresa de energía solar, el asesor de alcaldía le está presionando para “firmar un convenio donde abone al Ayuntamiento 300.000 € si quiere que se le autorice la obra”, afirma Catalina Hernández.

La edil incide en que no existe transparencia en la firma de dichos convenios, por lo que los grupos de la oposición no pueden establecer mecanismos de control sobre los mismos. Añade que su grupo considera necesarios los convenios de contraprestaciones pero deben estar basados en criterios objetivos y aplicados de la misma manera a empresas del mismo sector.