Los regantes solicitan que se active de urgencia el trasvase Júcar-Vinalopó

Tras más de 5 años con una explotación residual, por debajo del 10% de su capacidad, en diciembre de 2017 la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’ Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja remitió al Ministerio, entonces de Agricultura, Pesca y Alimentación, un borrador de Convenio para la puesta en funcionamiento de la Conducción Júcar – Vinalopó de forma ordinaria y que la propia anterior Ministra dio por formalizado en un breve plazo en el Congreso de Comunidades de Regantes celebrado en Torrevieja el pasado mes de mayo.

Hasta la fecha se ha gestionado la situación de forma discreta, a fin de no generar tensiones innecesarias tanto con el anterior gobierno como con el nuevo Gobierno, que evidentemente precisaba de nombramientos y puesta en conocimiento de la gravedad de la situación. Sin embargo, el margen de maniobra se ha agotado. Están en peligro unos 25 millones de euros de margen neto derivado de la actividad agrícola, 14.000 empleos directos y más de 3.500 empleos indirectos. Todo ello sin contar la pérdida irreversible del arbolado y los viñedos de Uva de mesa. Se está poniendo en riesgo poder contar con las Uvas del Vinalopó para las 12 Campanadas de fin de año

Lo cierto es que el tiempo se ha echado encima y los anteriores responsables del Ministerio no supieron formalizar el Convenio ni, como se pidió expresamente, un envío de urgencia suscribiendo un nuevo acuerdo temporal que permitiese salvar la Campaña. Con el cambio de Gobierno la situación, a pesar de la muy buena predisposición que se nos ha manifestado, de momento, no ha mejorado. Se necesita en primera instancia el envío de Urgencia de 6 Hm3 para salvar las cosechas de este año y en los próximos meses activar el Convenio definitivo de acuerdo entre todas las partes. Con el envío de Urgencia se disminuyen las pérdidas económicas que en este momento está teniendo el Estado con la obra parada y el Convenio definitivo tiene por objetivo que haya equilibrio económico financiero en la explotación, no provocando ningún quebranto patrimonial al Estado.

En este momento el desamparo es absoluto, entre informes contradictorios entre Ministerios, nuevos cargos intentando conocer los pasillos, y otros despidiéndose de los mismos, lo único cierto es que el agua se acabará la próxima semana. Ni tan siquiera el vigente decreto de sequía en la Demarcación del Júcar ha servido para articular una solución, algo para lo que, precisamente, debería de servir.

Los regantes de distintas comarcas del Medio Vinalopó, en caso de no activarse el envío de urgencia del Júcar-Vinalopó, se verán obligados a solicitar a sus respectivos Ayuntamientos que insten al Gobierno la declaración de zona catastrófica.

La próxima semana, 18.000 hectáreas pueden quedarse, literalmente, sin el recurso necesario para desarrollar la actividad agrícola, el agua. Y entre tanto, 6000 litros por segundo vertiéndose del río Júcar al mar sin que nadie, con una infraestructura ejecutada y operativa, ponga freno a esta situación.

La solución es posible sin tener que dar paso a la catástrofe