Lo Verdes buscan recuperar autonomía municipal en la gestión de las plantas fotovoltaicas

El concejal de Lo Verdes, Francisco Iniesta, ha presentado una moción para reclamar la derogación de varios artículos de las leyes autonómicas que han reducido la autonomía municipal en la gestión de la instalación de plantas fotovoltaicas en el término municipal. La iniciativa surge en el marco de la Coordinadora Valenciana por la Implantación Racional de las Renovables, que defiende que cada municipio debe tener un mayor control sobre estos proyectos.

La propuesta incluye tres pedimentos principales: la derogación del artículo 9 de la Ley 2020, del artículo 19 y del artículo 1 de la Ley 2022, así como del artículo 122 de la Ley de Simplificación Administrativa aprobada en diciembre de 2023. Según Iniesta, estas normativas han facilitado la implantación de proyectos fotovoltaicos sin respetar las particularidades de cada municipio y han limitado la capacidad de los ayuntamientos para decidir sobre la ubicación de las plantas.

En 2020, un decreto permitió la instalación de renovabables en suelos donde no estaba prohibido expresamente, mientras que la Ley de 2022, aprobada tras el inicio de la guerra en Ucrania, aceleró los plazos administrativos, reduciendo el margen de los ayuntamientos para modificar su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En 2023, la Ley de Simplificación Administrativa amplió aún más la ocupación del suelo permitidopara plantas fotovoltaicas, pasando del 3% al 10%, lo que en algunos municipios supone una ocupación de cientos de hectáreas.

La moción también plantea un cuarto pedimento, en el que se solicita revisar la instalación de plantas fotovoltaicas en zonas inundables. Además, en un quinto punto, se pide trasladar esta reivindicación a la Generalitat Valenciana para recuperar la capacidad negociadora de los ayuntamientos frente a estos proyectos.

Actualmente, en el municipio hay 14 proyectos en trámite y 12 ya aprobados, lo que supone cerca del 4% del territorio. El concejal de Los Verdes ha señalado que, si se hubiera realizado una modificación puntual del PGOU en 2022, se habría podido limitar la ocupación a un 3%, evitando una expansión descontrolada.

El concejal también ha recordado que la suspensión de licencias se ha planteado, por parte del grupo ecologista en dos ocasiones. En la primera no tuvieron el apoyo de PSOE ni de PP y en la segunda, el PP pidió iniciar la modificación del PGOU y luego valorar la suspensión de licencias para la fotovoltaicas. Los Verdes pedían suspender las licencias y luego modificar el PGOU. En 2023, tras una propuesta de Los Verdes el Ayuntamiento de Villena inició los trabajos de modificación urbanística, que se espera finalizar en abril de 2024.

Francisco Iniesta insiste en que se tendría que haber iniciado la modificación del PGOU en 2022, pero el PSOE, que entonces gestionaba el departamento de Urbanismo, no comenzó los trabajos porque temía posibles indemnizaciones de las empreas, que podrían derivarse de la modificación de los proyectos aprobados.

Por otro lado, Iniesta ha evitado entrar en el debate político sobre la reciente moción de reprobación al alcaldes socialistas, Fulgencio Cerdán y al presidente popular de la Generalitat, Carlos Mazón. Así, la edil de Los Verdes, Alba Laserna, ha señalado que ambas reprobaciones son “cortinas de humo”. Asimismo, ha defendido que su propuesta tiene un carácter técnico y busca una ordenación racional del territorio, asumiendo que ha habido responsabilidad compartida en el proceso de planificación de las renovables.