Llevan al PP ante la fiscalía por una licencia de obras concedida a una instalación solar fotowoltáica

Los Verdes han llevado ante la fiscalía al equipo de gobierno del Partido Popular por la concesión de una licencia de obras para una instalación solar foltowoltáica sin tener previamente la declaración de impacto medioambiental. Una empresa que según ha informado la edil Verde, Catalina Hernández, es propiedad de dos familiares director del Conseller de Bienestar Social, Juan Cotino.

El equipo de gobierno del Partido Popular en una Junta de Gobierno extraordinaria y urgente aprobó conceder la licencia de obras a la empresa Plansofol para la instalación fotowoltáica, a pesar de contar con el informe negativo del arquitecto municipal, así como de carecer de los informes correspondientes de Medio Ambiente, Desarrollo Económico del Ayuntamiento, y de los informes favorables de la dirección general de la energía, transportes, obras públicas y de medio ambiente de la Consellería. Se concedió la licencia, sin disponer de la declaración de impacto ambiental ni de la de interés comunitario.

En el informe de la Secretario General del Ayuntamiento se especifica que de otorgarse la licencia ésta estará condicionada a la concesión de la declaración de interés comunitario y que sin disponer de la misma no se legitima la realización de la obra ni sus usos.

No obstante, el concejal de Industria, Jesús Martínez- que hoy no ha querido pronunciase sobre el tema- en la Junta de Gobierno Local argumentó los beneficios que iba a ocasionar a la población dicha planta. La aprobación se realizó a través de la presentación de 33 expedientes correspondientes a 33 empresas con el mismo nombre pero con diferente CIF, lo que provocó la extrañeza del grupo Verde.

Catalina Hernández comenta que su grupo cuestiona las razones dadas por el edil de Industria, “cuando existe otra empresa que quiere instalar un huerto solar, y el Ayuntamiento lleva un año paralizando el proyecto. El equipo de gobierno no le ofrece el informe municipal correspondiente para que se le otorgue la declaración de interés comunitario. Además, le exige firmar un convenio de colaboración entre la empresa y el Ayuntamiento por un valor entre 300.000 y 400.000 € en concepto de compensación”.

Hernández se pregunta porqué a unas empresas se le exige la firma de un convenio “abusivo” y a otras no.