La actuación del gobierno tripartito en el edificio de las Carmelitas está dentro de la legalidad

El que fuera concejal de Urbanismo en el gobierno tripartito, el socialista, José Ayelo, ha afirmado con rotundidad que la actuación del gobierno tripartito en el edificio de las antiguas Carmelitas está dentro de la legalidad y ha recordado que el Partido Popular nunca se ha opuesto a la concesión de la licencia de obras al mismo. “Pero Celia Lledó no se lee los papeles, y a pesar de ostentar el mayor cargo de responsabilidad de la ciudad, no sabe lo que firma, puesto que dio el visto bueno al edificio, porque era totalmente legal”, apunta Ayelo.

Ha hecho una breve correlación de los hechos comenzando por la petición en 2005 de la orden religiosa de las carmelitas al Ayuntamiento, solicitándole que adquiera el edificio, puesto que en el PGOU está catalogado como equipamiento educativo.

“Todo el mundo entiende que actualmente no se podría hacer un colegio en este lugar, porque un centro educativo necesita una serie de instalaciones”, señala el anterior edil de Urbanismo.

Añade que había un plan especial del casco histórico que el PP no aprobaba y que permitía compatibilizar los usos del suelo: permitía que el sótano del edificio se destinara a cocheras privadas, la planta baja para equipamiento de uso educativo del Ayuntamiento y el resto de plantas para viviendas. “Pero equipamiento público no quiere decir que el Ayuntamiento no tenga que pagar. El tripartito llegó una negociación con la empresa constructora que adquirió el antiguo colegio, donde cedían 512 m2 de la planta baja por 240.000 € (40 millones de las antiguas pesetas), cuando los técnicos había valorado el suelo en 956.000 € (150 millones de pesetas). Villena recibía una compensación de 100 millones de pesetas, ahorrándose 600.000 €“, señala José Ayelo.

El Ayuntamiento aprueba la licencia de obras del antiguo edificio de las Carmelitas el 20 de febrero de 2006 en Junta de Gobierno Local, “donde el PP se abstuvo porque mantenía el retranqueo del edificio, para construir un jardín con el fin de que se vieran la ventana de la iglesia de Santiago”.

En el Pleno de febrero de este mismo año se aprueba con los votos a favor del PP la modificación del plan especial del casco histórico de modo que la planta baja

del futuro edificio se considera como equipamiento (social administrativo).

 El 19 de diciembre de 2007, ya en el gobierno municipal del PP, la concejal de Urbanismo Residencial firma un decreto donde da el visto bueno al edificio, que ratifica la alcaldesa.

 “¿Si la licencia de obras es ilegal, por qué la edil firma un convenio con la empresa, que posteriormente suscribe la alcaldesa?”, se pregunta el concejal socialista.

Apunta, José Ayelo, que la empresa cansada de las coacciones de la alcaldesa y viendo que sus intereses se están pisoteando ha dicho basta y recuerda que con el gobierno tripartito la licencia de obras tenían un retraso de 40 días y actualmente lo tienen de más de seis meses.

El concejal socialista insiste que ningún particular, ni el propio Ayuntamiento emprendería acciones para demoler el edificio, tal y como apuntaba la primera edil, “porque se ajusta al plan especial del casco histórico aprobado por el propio Ayuntamiento”.