Un juez da la razón al PP y anula un decreto por el que se contrató de forma irregular a un trabajador

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante ha dado la razón al Partido Popular anulando el decreto del alcalde de Villena, Javier Esquembre, por «irregularidades en la contratación temporal de un trabajador para el departamento de Desarrollo Económico en 2016», explicó el portavoz del PP local, Miguel Ángel Salguero.

Los hechos se remontan a 2016 cuando a través de un decreto se aprobó el nombramiento de un funcionario interino a través de una bolsa de trabajo del 1 de octubre de 2016 a 30 de septiembre de 2017. El Partido Popular indicó que el decreto vulneraba el Estatuto Básico del Empleo Público porque la contratación era para un año, cuando al norma establece un límite de 6 meses. A ello se suma que a este decreto le preceden  varios decretos anteriores de nombramiento y cese de la misma persona para el mismo puesto, cuando el Estatuto Básico del Empleo Público no permite el nombramiento por acumulación de trabajo que sobrepase los 6 meses, ya que la legislación busca que no exista ninguna posibilidad de prolongación de una interinidad temporal.

Salguero informó que ante las dudas surgidas por la legalidad de este acuerdo adoptado por el Alcalde, el grupo popular interpuso un recurso de reposición al mismo, «dando el equipo de gobierno de Los Verdes la callada por respuesta y obligando al PP a acudir a los tribunales para resolver el mismo». Asimismo, indicó que en la sentencia el juez da un tirón de orejas al Alcalde señalando que aunque el «Ayuntamiento ha preferido acudir al silencio administrativo, cuestión que siendo el recurrente del gobierno local supone un más que velado desprecio. Estamos ante un tipo de comportamiento que dista mucho de cumplir algunos de los principios generales que la Ley impone a las administraciones públicas, entre ellos los de participación, objetividad y transparencia».

Los populares lamentan la actitud del equipo de gobierno de Los Verdes, y especialmente del alcalde, Javier Esquembre, «poco transparente y antidemocrática, ya que obliga a los grupos de la oposición a acudir a la vía judicial  para resolver un problema», explicó el edil José Francisco García.

El juez señala en la sentencia que nada justifica este tipo de actuación, porque las administraciones públicas «no son el cortijo particular de nadie; pero mucho menos del personal político que las dirige de manera temporal y transitoria».

Los populares insisten en que con esta demanda no van en contra de ningún trabajador, sino contra la forma de gobernar de Los Verdes, y «que un juzgado nos da la razón cuando denunciamos los planteamientos autocráticos y la existencia de una puerta trasera para acceder a puestos de trabajo  en función de los requisitos que establece el Alcalde y saltándose la ley», subrayó Miguel Salguero.

Contra el fallo del juzgado de lo contencioso administrativo cabe recurso.