El Tribunal Superior de Justicia obliga a Villena a finalizar la concesión del agua en 2016

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana obliga al Ayuntamiento de Villena a finalizar el contrato con la empresa adjudicataria del servicio de agua potable y alcantarillado, Aqualia, el 8 de agosto de 2016, diez años antes de lo que empresa y consistorio tenían previsto.

La sentencia pone fin a diez años de litigios, desde que el 8 de agosto de 2004 el gobierno de la socialista, Vicenta Tortosa, adjudicara el servicio a la UTE formada por Aguas de Valencia y Viarsa por un periodo de doce años. Tras varios recursos interpuestos por la empresa que se quedó en segundo lugar en la adjudicación, una sentencia del 28 de febrero de 2006 estableció que la concesión del servicio se tenía que dar a la empresa Aqualia, sentencia que el Ayuntamiento aplicó en 2012. “El Tribunal Superior de Justicia viene a decir ahora que la actual empresa concesionaria no tiene 12 años para gestionar el servicio de agua en Villena, como establecía el pliego, sino el tiempo que le resta para el fin de la concesión”, explicó el alcalde de Villena, Javier Esquembre.

El alcalde de Villena, Javier Esquembre, anunció que la sentencia dificulta los acuerdos pendientes entre empresa y Ayuntamiento para mejorar el servicio, “es decir la negociación encaminada a que la empresa cumpliera con el pago por el canon del servicio de agua y las obras pendientes para mejorar el alcantarillado”. Asimismo, informó que el Tribunal Superior de Justicia establece que en la liquidación la empresa adjudicataria no tiene derecho a una indemnización.

En las negociaciones mantenidas con la empresa el Ayuntamiento le exige la modificación de varios tramos de tuberías para agua, así como mejorar parte del alcantarillado, así como el pago de la tasa del agua- la empresa adeuda 300.000 euros por el canon de los dos últimos años. Por su parte, la adjudicataria alega que el servicio es deficitario y que sólo abonaría el canon por el agua en el caso de haber beneficios. Asimismo, exige la subida en el servicio del IPC y que el consistorio  pague el suministro de energía, “en estas últimas peticiones el Ayuntamiento está de acuerdo”.

Esquembre explicó que con esta situación “lo más sensato sería redactar un nuevo pliego de condiciones”. Asimismo, subrayó que él apuesta por la municipalización del servicio.