El graderío de la Plaza de Toros se derrumbó sin un plan de seguridad

  • 11 noviembre, 2008
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El graderío de la Plaza de Toros se derrumbó sin un plan de seguridad

Los socialistas han anunciado que están estudiando emprender acciones legales contra la alcaldesa, Celia Lledó, por derrumbar el graderío sin disponer de un plan de seguridad de trabajo y sin un proyecto de salud laboral.” Las prisas de la alcaldesa le han llevado a poner en peligro las vidas de los ciudadanos de Villena”, apunta el portavoz del PSOE, Carlos Beltrán.

Ayer lunes, por despacho extraordinario se llevó a Junta de Gobierno Local y aprobó el estudio básico de salud laboral y seguridad en el trabajo del proyecto de demolición y limpieza del recinto de la Plaza de Toros, así como el proyecto de preconsolidación de la fachada del coso. “Cuando el derrumbe del graderío comenzó el sábado, por lo que la actuación de la alcaldesa es una irresponsabilidad muy grande, ya que de haberse producido algún accidente, ¿quién hubiese sido el responsable?”.

Recuerdan los socialistas que antes del 1 de diciembre el equipo de gobierno debe certificar las obras de remodelación de la Plaza de Toros si quiere recibir los 600.000 € presupuestados por la Generalitat Valenciana para tal fin. Los socialistas se preguntan por qué Celia Lledó ha esperado tanto tiempo en iniciar unos trabajos que sabía que tenían que estar concluidos el 1 de diciembre.

Sin embargo, a los socialistas no le salen las cuentas. En el pliego de condiciones se establece que la limpieza del coso se procederá en un plazo máximo de 20 días y para la consolidación de la fachada se necesitarán 45 días. “No obstante, faltan tres semanas para que se cumpla el plazo de certificación de obra”, apunta Carlos Beltrán.

Además, el grupo municipal socialista lamenta la política de hechos consumados de Celia Lledó, “porque al final va a hacer lo mismo que nosotros propusimos en la anterior legislatura- eliminar el graderío y quedarse con la fachada de la Plaza de Toros- y por ello, la propia alcaldesa interpuso una querella criminal contra los técnicos y contra los políticos que adoptaron esta decisión”, señala el portavoz socialista.

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