El equipo de gobierno sitúa un guardia jurado en Urbanismo para controlar la atención ciudadana

El equipo de gobierno de Villena ha situado, desde hace dos meses, a un guardia jurado en la puerta del departamento de Urbanismo para controlar  la atención ciudadana. De este modo, solo se permite la entrada a los vecinos que hayan pedido cita previa. Según explica el portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Salguero esta es la solución que han adoptado socialistas y verdes a la paralización que sufre el departamento. “Es decir, evitar que los ciudadanos puedan acercarse, conocer en qué situación se encuentra su proyecto e incluso reclamar. Esto empeora la calidad de la atención”, explica

No obstante, el concejal del PP ha informado que el gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto modificar la ley de procedimiento administrativo común para eliminar la cita previa obligatoria para mejorar la atención al ciudadano. “Una vez más vemos como el equipo de gobierno va en la dirección contraria”, señala Salguero.

Por otro lado, ha informado que el Ayuntamiento de Villena tiene todavía sin resolver 300 expedientes de licencias de obras y certificados de compatibilidad. “Algunos proyectos llevan más de dos años bloqueados, incluso hay certificados de compatibilidad que se solicitaron en noviembre de 2019 y el Ayuntamiento no los ha tramitado”, explica el portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Salguero.

La consecuencia principal de la paralización del departamento de Urbanismo son, según comenta Salguero, es el bloqueo del crecimiento de la ciudad. “Hay proyectos profesionales que tienen que esperar más de dos años para obtener una licencia. Esto afecta, también, a todo el sector de la construcción, porque hay empresas que no quieren dar presupuesto para obras en Villena ya que cuando se quieren poner a trabajar los precios están desactualizados”, explica .

Obra avenida Constitución

Por otro lado, el Partido Popular pide al equipo de gobierno celeridad en los trámites administrativos para que finalicen las obras de la avenida  Constitución lo antes posible.

En este sentido, señalan que la empresa adjudicataria de las obras solicitó a finales de diciembre la aprobación de la segunda modificación del proyecto. En ella, se solicitaban 300.000 euros más y un plazo de 10 semanas (las obras deberían estar finalizadas el 25 de febrero) más desde la aprobación del modificado. “En la propuesta del primer modificado del proyecto, el equipo de gobierno tardó siete meses en dar una contestación y aprobar la modificación. Lo que pedimos es que no sea el propio Ayuntamiento el causante de los retrasos de esta obra”, señala el portavoz del PP, Miguel Ángel Salguero.