El Ayuntamiento recurre la sentencia por la que debe pagar 637.000 € a la anterior concesionaria del agua

El juzgado contencioso administrativo número 2 de Alicante ha condenado al Ayuntamiento de Villena a indemnizar con 637.441 euros a la anterior concesionaria del servicio de agua potable, la UTE formada por Viarsa- Saico y Aguas de Valencia.

La UTE interpuso una demanda contra el Ayuntamiento con el fin de que se anulase el acuerdo de Pleno de 27 de marzo de 2013 en el que se reclamaba a la empresa el pago de 1.327.421 euros en concepto de reparación de deficiencias en los bienes revertidos tras el fin de la concesión. Asimismo solicitaba que el Consistorio le abonase 2.734. 348 euros en concepto de liquidación del contrato de concesión de abastecimiento de agua potable y alcantarillado.El alcalde de Villena, Javier Esquembre,  calificó la decisión judicial de  “agridulce ya que la empresa reclamaba al Ayuntamiento 2.734.000 euros, pero el fallo establece que el  pago  es de 637.441 euros”. Asimismo anunció que la sentencia está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de  la Comunidad Valenciana.

Esquembre explicó que en la sentencia el juez  viene a decir que “que el Ayuntamiento, en las tres últimas legislaturas, no ha hecho bien los deberes en la interpretación  del pliego de condiciones del servicio de agua potable y la liquidación del servicio”.

En 2007 una sentencia judicial anuló la adjudicación del servicio a la UTE que tuvo lugar en 2004 con  la socialista Vicenta Tortosa otorgando la concesión a Aqualia. Sin embargo la anterior corporación presidida por la popular  Celia Lledó “no actuó con celeridad y el cambio de concesionaria se produjo en 2012. El juez considera que el proceso de liquidación realizado en la actual legislatura ha sido deficiente”, afirmó el alcalde.

Javier Esquembre  señaló que el Ayuntamiento “espera que al final sólo tengamos que pagar 400.000 euros a la UTE por la liquidación, ya que los técnicos consideran que  no se debe asumir conceptos como el lucro cesante- pérdida de un cierto beneficio, ya que la concesión se adjudicó por doce  años pero  trabajó  siete- por el que la empresa reclama 198.000 euros”.