El Ayuntamiento defiende en el Tribunal Superior de Justicia la ordenanza sobre la contaminación ambiental

La ordenanza medioambiental redactada y aprobada en pleno por el Ayuntamiento de Villena está en los tribunales, después del contencioso administrativo que la empresa Reciclados del Mediterráneo interpuso contra ella. En la normativa se contempla la utilización de un olfatómetro para conocer la intensidad y frecuencia de los malos olores que asolan a Villena.

El perito de la empresa, Socioenginyeria S. L., José Cid, e introductor del olfatómetro en España, defendió la utilización de esta herramienta en la vista preliminar que se celebró el viernes en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia y por lo tanto, su presencia en la ordenanza de control integrado de la contaminación. Hasta el TSJCV también se trasladó el concejal de Medio Ambiente, José Tomás Molina. El edil manifestó que «tras la prueba pericial el abogado defensor del Ayuntamiento mostró su satisfacción en el desarrollo de ésta y ahora, falta por conocer la sentencia final del juez que según algunas estimaciones puede alargarse un par de meses».

Según un comunicado emitido por el Ayuntamiento de Villena, la empresa demandante cree que la labor de control y de sanción corresponde a la Consellería Medio Ambiente. En este sentido, el edil de Medio Ambiente subrayó que «solo buscamos tener un control de la contaminación en el municipio y dar conocimiento de los excesos que algunas empresas realizan».

La normativa municipal se creó para evitar, controlar y sancionar la emisión de malos olores, que desde el Ayuntamientos se achaca a las dos plantas de residuos locales. Y con un aparato olfatométrico los técnicos municipales podrán medir la intensidad del olor de las emisiones de la planta, sin esperar a que desde la conselleria se realicen.

Además, la normativa tiene un carácter sancionador, aunque como reconoce el edil, «el Ayuntamiento no tiene capacidad para clausurar las instalaciones», sólo a imponer una multa económica.

Ante esta ordenanza, la empresa propietaria de una de las planta de residuos, Reciclados del Mediterráneo, realizó una serie de alegaciones de las que el Ayuntamiento sólo tomó en cuenta algunas de ellas.

Tras su aprobación definitiva, la firma interpuso un contencioso administrativo para evitar que el Ayuntamiento utilice el olfatómetro comprado para realizar las mediciones cuando se considere oportuno.