Ciudadanos denuncia la falta de fiscalización del Centro Deportivo Villena y pide una auditoría

Ciudadanos ha denunciado la falta de fiscalización por parte del Ayuntamiento de Villena sobre la gestión del Centro Deportivo Villena llevada a cabo por la concesionaria del servicio. Por ello ha solicitado que se lleve a cabo una auditoría económica y de gestión.

La comisión de seguimiento del Centro Deportivo Villena lleva sin reunirse desde el 28 de diciembre de 2017 y desde este fecha, según comenta la edil de Ciudadanos, Mª Carmen Martínez, los grupos de la oposición no tienen  información sobre el funcionamiento de las instalaciones ni sobre el coste que tienen las mismas para las arcas municipales. «Sólo conocemos que el Ayuntamiento liquidó el ejercicio 2017 aportando 340.000 euros y que en los presupuestos prorrogados de 2017 existe una partida de 400.000 euros para el Centro Deportivo. Queremos saber si este dinero es realmente necesario para el buen funcionamiento de la empresa, si se ha realizado la liquidación del ejercicio 2018 y qué se va a pagar a la concesionaria por la gestión de 2019», afirma Martínez.

Con la auditoría el grupo Ciudadanos quiere que se analicen si la empresa  está cumpliendo los compromisos recogidos en los pliegos de condiciones y si la explotación del servicio puede ser más ventajosa.

Lo cierto es que el Consistorio local no ha informado de la situación en la que se encuentran las instalaciones  desde 2018. No obstante, en la anterior legislatura, el PSOE fue muy crítico con la gestión de este servicio concesionado por parte de Los Verdes e, incluso, denunció que la empresa estaba incumpliendo el contrato  a no ofertar ciertos cursos de natación.

Desde que se abrieron las puertas del Centro Deportivo Villena el servicio ha sido deficitario. El Ayuntamiento de Villena en la  legislatura de Celia Lledó firmó con la empresa concesionaria un convenio por el que la administración debe restaurar las pérdidas que tiene la concesión. La estimación es que Villena debe abonar todos los años alrededor de unos 300.000 euros  para restablecer el equilibrio económico de la concesión.

Los socialistas en enero de 2018 abogaban por  reducir el déficit del servicio y para ello incidían en que  el Ayuntamiento debía fiscalizar la gestión que realiza la empresa en la piscina cubierta, la supervisión del estado de las instalaciones, verificar el número de usuarios y llevar a cabo una campaña de captación de usuarios, «puesto que el gobierno de Los Verdes no está llevando a cabo ninguna gestión, el alcalde no hace nada y la experiencia nos dice que las cosas no se solucionan por sí solas», afirmaba entonces Fulgencio Cerdán, desde la oposición.