Amnistia Internacional organiza una charla sobre Colombia

El próximo día viernes, 13 de febrero a las 20 h, en la Sala de Exposiciones de La Casa de Cultura, el Grupo de acción de Amnistía Internacional Villena os convocamos a la charla impartida por  Mª Esperanza Ramírez,  defensora de DDHH y dirigente de la Asociación de Desplazados y Desplazadas para la Convivencia  Pacífica en la que nos explicará su experiencia y la situación actual en Colombia respecto al proceso de Tierras Robadas.

Casi seis millones de personas (el 13 por ciento de la población) han sido desplazadas a la fuerza, principalmente por paramilitares y por las fuerzas de seguridad a lo largo del sangriento conflicto armado de Colombia. Se calcula que se han adquirido ilegalmente ocho millones de hectáreas, una superficie mayor que Costa Rica, a menudo en beneficio de poderosos intereses económicos.

Colombia tiene uno de los niveles de desplazamiento forzado más altos del mundo y las autoridades no hacen lo suficiente para garantizar la devolución efectiva de las tierras robadas a sus legítimos ocupantes.

Las amenazas y homicidios, sumados a la falta de rigor para aplicar una legislación deficiente, están impidiendo que se cumpla la promesa del gobierno colombiano de devolver a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes los millones de hectáreas de tierra que les fueron arrebatadas ilegalmente.

Aunque Amnistía Internacional acogió con beneplácito la promulgación de la Ley 1448, no se están tomando medidas para aplicarla de manera efectiva y abordar sus deficiencias. El proceso está siendo demasiado lento, e incluso cuando se entregan títulos de propiedad en virtud de la Ley 1448, las amenazas de violencia y la falta de infraestructura básica y de apoyo económico impiden a la gente regresar a sus casas.

Por ello, os esperamos el próximo día 13 de febrero a las 20 h, en la Sala de Exposiciones de La Casa de Cultura de Villena

No basta con entregar a la gente un título de propiedad y decirle que ya está. Las autoridades colombianas tienen que acelerar los trámites burocráticos y garantizar la seguridad física y económica de quienes regresan. Los presuntos responsables penalmente del desplazamiento forzado han de ser sometidos a juicio.