AMIF denuncia que Conselleria le debe 63.389 € en ayudas

Amif ha denunciado que las entidades alicantinas del tercer sector social de la discapacidad siguen sin cobrar las subvenciones aprobadas por el Consell hace 3 meses destinadas a la realización de programas de fomento de la autonomía personal para personas con discapacidad, aprobadas por decreto de concesión directa ante la emergencia sociosanitaria por la pandemia.

 Amif, entidad federada a COCEMFE Alicante, ha señalado que una vez publicado tanto el decreto de percha legal como el del decreto concreto de concesión directa de las subvenciones ordinarias en discapacidad 2020, “se tenía que haber procedido con diligencia rápida todo el proceso administrativo pertinente para hacer el pago, por un importe global de 5.467.390 euros; en las cuentas de las entidades sociales de discapacidad”. Así, la entidad ha calificado la demora como “imperdonable”.

La administración valenciana adeuda un total de 514.850 euros a las 19 asociaciones integradas en COCEMFE Alicante que han obtenido fondos para desarrollar 29 programas y proyectos, y concretamente a nuestra asociación un total de 63.890 €, destinados a 3 programas. El presidente de la entidad, Antonio Ruescas, ha destacado que “está en juego la supervivencia del tercer sector social de la discapacidad y la atención a las personas beneficiarias y sus familias, las beneficiarias de estos programas, que ya han empezado a sufrir dificultades ante la falta de pago de estas subvenciones”.

“No podemos olvidar que el tercer sector social de la discapacidad nace para ocuparse de las personas con discapacidad y sus familias”, ha incidido Ruescas, quien recuerda que este colectivo ha sido “castigado por la pandemia”. La mitad de las entidades ha tenido que reducir sus servicios Según datos de COCEMFE CV, el 70% de sus entidades integradas que reciben esta subvención, está experimentando dificultades para afrontar los gastos corrientes de la asociación; un 20% ha tenido que recurrir a un endeudamiento a través de créditos bancarios, lo que genera intereses; y un 25% agotará en 2020 los fondos propios.

Un 28% de las entidades ha tenido que reducir los servicios que presta y un 14% está teniendo dificultades para afrontar el pago de las nóminas. Con igual porcentaje se sitúan aquellas que ya han tenido que rescindir algún contrato.

“La lentitud y la burocracia administrativa están rompiendo con esa línea de sostenibilidad rápida y segura con la cual se habían conformado estos decretos de concesión directa”, han valorado desde COCEMFE Alicante, al tiempo que ha asegurado que se están haciendo frente a todos los gastos extraordinarios derivados de la pandemia sin ninguna ayuda.

Desde la entidad han explicado también que las entidades del sector social de la discapacidad “han tenido que afrontar el desarrollo de sus programas y servicios este año con los once meses de fondos propios”. “Una cuarta parte habrá agotado estos fondos propios al cerrar el presente ejercicio, con la fragilidad que supone esto de cara a un 2021 que se prevé también complicado”, ha valorado la entidad.

Esfuerzo para garantizar la atención a la especial vulnerabilidad

Las entidades del sector social de la discapacidad están haciendo enormes esfuerzos por mantener los servicios a las personas con discapacidad y al personal técnico en un contexto donde la labor de las entidades es más necesaria que nunca por la especial vulnerabilidad de las personas beneficiarias.

Tal y como aclara la entidad, este decreto de concesión directa que va a las entidades es para el desarrollo de programas de personas con discapacidad y problemas de salud mental. Se atendería a personas con discapacidad, siendo estas las beneficiarias reales y directas de estas ayudas.