9.000 viviendas en Villena están obligadas a pasar la ITV

El censo de viviendas con más de 50 años de antigüedad en Villena asciende a 9.000, y por tanto están obligadas a pasar la conocida como «ITV de la vivienda», es decir un informe sobre el estado de la edificación que los propietarios deben remitir a la Conselleria de la Vivienda, antes del 31 de diciembre.

El Ayuntamiento de Villena, a través de la concejalía de Urbanismo, está enviado de forma progresiva a 9.000 propietarios cartas informando de la obligatoriedad de realizar el informe del estado de la edificación, que se debe remitir a la Conselleria de la Vivienda, organismo que tras su revisión, marcará un periodo para subsanar las deficiencias, en el supuesto de que las hubiera. Una vez convalidado, el informe tendrá una validez de 10 años, estando obligados los propietarios a presentar un nuevo informe antes de la finalización de ese plazo.

Las viviendas con más de 50 años están distribuidas por toda la ciudad, desde el centro histórico, hasta el barrio San Francisco.

La concejala de Urbanismo, Catalina Hernández, ha indicado que una persona está resolviendo dudas y atendiendo a las demandas ciudadanas en la concejalía de Urbanismo. «No obstante, hemos solicitado que un técnico de Conselleria de la Vivienda acuda a la localidad para resolver dudas», afirmó Hernández.

En Villena, por ejemplo, cuando se declara un inmueble en estado ruinoso, se demanda a los propietarios su derribo o el vallado del mismo. «No obstante, en las viviendas del casco antiguo la licencia para derribar está limitada y se establece un plazo para que el propietario vuelva a edificar. Los propietarios de estas viviendas tienen dudas sobre qué deben hacer, de ahí la solicitud de una reunión», explicó la edil de Urbanismo. Las dudas más frecuentes son sobre dónde dirigirse para la realización del informe y sobre la existencia de tarifas mínimas y máximas sobre estos trabajos.

Los ciudadanos también ha mostrado su malestar por un nuevo gasto más, tras la subida del catastro hace un año.

«La medida es preventiva, para garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar desprendimientos de objetos de las fachadas de los inmuebles a la vía pública», indicó la concejala.