Piden que las pruebas del COVID-19 se realicen a los internos de la cárcel de Villena en el propio centro

AUGC ha remitido un escrito al director del Centro Penitenciario Alicante II, ubicado en Villena, exponiéndole que, desde hace un tiempo, se están realizando traslados de internos a centros hospitalarios que, en opinión de nuestra asociación, resultan innecesarios y que podrían estar originando riesgos para la salud y seguridad evitables, ya que sus patologías podrían ser atendidas por el servicio sanitario de la propia prisión.

En otros casos, dichos traslados tienen como fin la realización de trámites irrelevantes, como ser informados sobre resultados de pruebas médicas, e incluso en horario nocturno para asistencias que, a juicio de la AUGC no revisten de urgencia.

Así mismo, se está trasladando a internos para la realización de pruebas de detección del virus COVID-19, cuando las mismas podrían llevarse a cabo en el propio centro penitenciario, del mismo modo que se está haciendo en otras provincias, al menos en cuanto a la extracción de la muestra, que podría ser analizada posteriormente en los laboratorios correspondientes.

Desde AUGC se recuerda que debe tenerse en cuenta que actualmente nos encontramos en una enorme crisis sanitaria, y que en los últimos días se está observando un gran incremento de contagios y fallecidos en todo el territorio nacional. Además, al grave riesgo de contagio del virus, debe sumarse el riesgo de fuga que implica cualquier conducción o traslado de un interno.

De hecho, la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha hecho público recientemente que ha remitido un escrito a todos los entros penitenciarios comunicándoles que se ha decidido suspender todas las conducciones de internos, salvo aquellas que sean estrictamente necesarias.

Por tanto, desde AUGC se ha solicitado al director del Centro Penitenciario que dicte las instrucciones oportunas para que se eviten los traslados de internos que no sean estrictamente necesarios en este momento tan excepcional, y que se habiliten los medios precisos para realizar pruebas de detección del COVID-19 en el propio centro penitenciario, minimizando así los riesgos para la salud, tanto de los internos como para los guardias civiles.