La Guardia Civil investiga a dos mujeres por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores

La Guardia Civil está investigando a dos mujeres, la administradora de una empresa del Vinalopó y a una intermediaria que captaba jornaleros, por ser las presuntas autoras de un delito contra los derechos de los trabajadores y, la última de ellas, además, por un delito de apropiación indebida.

Con motivo del inicio de la campaña de recogida de la uva de mesa del Vinalopó, el Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Ibi ha llevado a cabo, desde el pasado mes de mayo, diversas actuaciones para detectar y prevenir los delitos contra los derechos de los trabajadores en el campo.

Una de estas actuaciones fue llevada a cabo el pasado 13 de agosto, en una empresa de Monforte del Cid, de la que se sospechaba que podría estar empleando a ciudadanos de nacionalidad argelina sin regularizar su situación administrativa y, por lo tanto, sin estar dados de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para poder realizar la inspección, los agentes del Equipo ROCA contaron con el apoyo de efectivos de la Guardia Civil de Novelda y de un inspector de trabajo. El resultado de la misma arrojó que solamente un trabajador de esa empresa se encontraba sin estar dado de alta en la Seguridad Social, saldándose esta inspección con una infracción administrativa, en dicha materia.

Otra de las actuaciones se desarrolló en la localidad de La Romana, en una empresa en la que varias personas de nacionalidades extranjeras comunicaron que habían estado trabajando sin haberles formulado contrato alguno, sin haberles dado de alta en el régimen de la Seguridad Social y sin haber cobrado, tampoco, cantidad económica alguna por los servicios prestados.

Gracias a la investigación, se ha podido determinar la implicación de dos mujeres en estos hechos: una de ellas realizaba labores de captación de trabajadores entre personas extranjeras, en riesgo de exclusión social. Aprovechándose de esa situación de necesidad, ofrecía trabajo de embolsado de uva por días, a cambio de una supuesta y atractiva cantidad económica, si bien, tras finalizar el trabajo, los jornaleros no cobrarían nada, todo ello a pesar de que esta mujer intermediaria habría recibido cerca de 4000 euros, por parte de la administradora de la empresa, para pagar a estos trabajadores, apropiándose presuntamente de ese dinero.

Continuando con la investigación, se averiguó que ni esta intermediaria ni el resto de trabajadores estaban dados de alta en la citada empresa, ni tampoco constaba en los registros de la Seguridad Social que hubieran tenido relación laboral alguna con ella, por lo que, además, a su única administradora se le ha imputado un delito contra los derechos de los trabajadores, siendo la segunda investigada de esta actuación.

Por el momento, se han localizado cuatro víctimas, aunque la operación continúa abierta, no descartándose la aparición de más.

Por todo lo anterior, estas dos mujeres (rumana y española, de 31 y 54 años respectivamente) han quedado en libertad a la espera de juicio, en calidad de investigadas, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y la primera de ellas, además, por un delito de apropiación indebida.

De los hechos entiende el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Novelda.