La atención de salud mental

En el artículo 20 de la Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986, referente a la Salud mental dice textualmente:

3. Se desarrollarán los servicios de rehabilitación y reinserción social necesarios para una adecuada atención integral de los problemas del enfermo mental, buscando la necesaria coordinación con los servicios sociales.

4. Los servicios de salud mental y de atención psiquiátrica del sistema sanitario general cubrirán, asimismo, en coordinación con los servicios sociales, los aspectos de prevención primaria y la atención a los problemas psicosociales que acompañan a la pérdida de salud en general.

La citada ley establece que serán las comunidades autónomas quienes realizarán los Planes de Salud Mental que garanticen la adecuada atención de las personas con enfermedad mental en sus respectivos territorios. Pues bien la Comunidad Valenciana a pesar de haber elaborado el suyo no lo está cumpliendo. El nº de profesionales que deben atender las Unidades de Salud Mental no es el adecuado; los Centros de Día tampoco; la atención psiquiátrica en la Unidad de Salud Mental, se limita a citar al paciente cada cuatro meses y a la prescripción de fármacos; la prevención en este ámbito simplemente no existe.

Y la prueba más evidente del incumplimiento la tenemos en la situación actual del retraso o impago de las subvenciones de los convenios y acuerdos con las asociaciones, fundaciones o entidades sin ánimo de lucro que están ejerciendo las funciones que debería haber llevado a cabo la administración autonómica. Situación que está llevando a una situación límite a estas asociaciones, poniendo en peligro los servicios que prestan, así como los puestos de trabajo de los profesionales que los desarrollan.

La Coordinadora de Centros Ocupacionales de la Comunidad Valenciana (COPAVA), la Federación Valenciana de Centros Especiales de Empleo (FEVALCEE), LA Federación de Asociaciones de Enfermos Mentales de la Comunidad Valenciana (FEAFESCV), y los sindicatos UGT PV y CCOO PV se concentraron el pasado día 28 ante el Palau de Generalitat y entregaron un documento exigiendo al presidente Fabra que se comprometa y de una solución definitiva a este problema que afecta a las personas con enfermedad mental o discapacidad y a sus familias.

NO HAY DINERO DICEN, sin embargo, en 2012 la Generalitat Valenciana dejará de ingresar 1712 millones de euros asumiendo exenciones y bonificaciones fiscales a las rentas mas altas y a las grandes fortunas.

NO HAY DINERO DICEN, sin embargo, a pesar de haber reducido un 20% (frente al 25% prometido), el ejecutivo del PP en la Comunidad Valenciana se gastará 8,6 millones de euros en altos cargos y asesores (en total 197 responsables políticos y eventuales) ¿son imprescindibles tantos altos cargos y asesores? Y ¿son éticas las retribuciones del presidente con 67.615 euros?, ¿la de los consellers con 57.586 euros?,  ¿la de siete asesores de presidencia con 46.650? y ¿la de otros tantos asesores, secretarios particulares, adjuntos, etc. con retribuciones similares? ¿Son éticos estos gastos mientras se descuida la atención de personas con enfermedad mental, así como la de otros colectivos de personas dependientes?