Piden a Consellería el inicio de las obras de la variante de Canyada en la CV-81

Alcaldes, concejales  de la comarca y diputados autonómicos socialistas, se han reunido esta mañana en la Casa del Pueblo de Villena para abordar las necesidades de la comarca en materia de infraestructuras.

El diputado socialista autonómico, Antonio Godoy, ha adelantado que su grupo va a pedir a las Cortes Valencianas que inste al Consell para que ponga en marcha la variante de Canyada en la carretera CV-81, una actuación pendiente por el Consell desde hace años y que afecta desde la salida de Villena hasta la entrada de Beneixama.

Esta obra forma parte de un protocolo firmado entre Ministerio de Fomento y Generalitat de 2005 en el que el organismo autonómico se comprometía a tenerla realizarla antes 2010.

Esta obra de 8 kilómetros de longitud ya dispone de un proyecto básico, por lo que los socialistas demandan al Consell que este año licite la misma.

“Esta carretera junto con la mejora de la seguridad vial en el término de Bocairente es muy importante ya que una media de 7.000 vehículos transcurren por la misma diariamente, de los cuales un 15% son vehículos pesados”, ha manifestado Antonio Godoy.

Otra de las propuestas que van a presentar en las Cortes Valencianas es que se agilicen las obras y licitación de la ronda norte de Biar, unas obras prometidas hace ya 15 años, así como el estudio paisajístico y medioambiental de la variante suroeste de Villena.

Los socialistas recelan del anuncio efectuado por el Consell del desdoblamiento de la CV-81, así como de la carretera de 2 kilómetros de longitud que conectará la autovía con el parque logístico.”Conociendo como trabaja la Consellería, las mismas no estarán terminadas antes de 10 años”.

Otro de los temas que han abordado en la reunión es la propuesta realizada por los empresarios de Ibi, Onil, Castalla, Biar y Villena de crear una conexión ferroviaria entre Alcoy y Villena. Ante esta solicitud los socialistas van a demandar la realización de un estudio de necesidades y viabilidad económica. “Esta propuesta la debe asumir la Consellería puesto que se trata de una línea de interés autonómico. Sin embargo, esta actuación no está dentro del plan estratégico de la Comunidad Valenciana. El coste del estudio estaría valorado en unos 200.000 € y la Generalitat debería también abrir un turno de consultas con los Ayuntamientos afectados”, apunta Godoy.